¿Falta algo más para exigir que se marchen?

El último gesto en el Congreso contó con el apoyo del PP, el PSOE, Izquierda Plural y UPyD, ante una iniciativa de este último partido que exigía “cuanto antes” acometer las reformas legales necesarias para que la acusación formal por un delito relacionado con la corrupción fuera causa de inelegibilidad e incompatibilidad. Sin embargo, tal como expusieron tanto el PSOE como los nacionalistas, exigir la dimisión a un imputado o incluso procesado a punto de sentarse en el banquillo conculca la presunción de inocencia y puede ser causa de inconstitucionalidad.

Esta es una de esas que "pajas mentales" q2ue pretenden los políticos que nos traguemos sin más. La cosa sería tan fácil como incluir en los estatutos de todos los partidos, que la simple imputación conllevara la perdida temporal de la calidad de miembro del partido y que fuera definitiva en caso de ser condenado (incluido el que se llegue a un acuerdo judicial o extrajudicial).

En cuanto si el caso es de alguien con un cargo público, su inmediato superior debería tener la obligación de apartarlo de inmediato de dicho cargo si existe una imputación, máxime cuando las imputaciones estén referida al ejercicio político en ese o en otro cargo similar.

Pero no se preocupen, esto solo se puede dar cuando la honestidad y la honorabilidad de los políticos y partidos, estuviera por encima de cualquier otra apreciación. ¿A que esto hoy por hoy es imposible?.

Para muestra lo ocurrido en UDC, dice el señor Durán que "ni flores" de irse. Vaya pensaría que nosotros, los ciudadanos, íbamos a creenos aquello que dijo cuando esto empezó y se escudo en eso de la presunción de inocencia.

Pero miren, si Rato que privatizó Telefónica es ahora un Consejero de la Misma, si Aznar que privatizó lo que pudo, ahora está también de Consejero ... ¿creen que esto es honorable? . Pues cuando no se honorable no se puede demostrar, cuanto mucho, se intenta aparentar o se refugian en lo de "todos no somos iguales"

Ahora otro botón de muestra:  La empresa para la que trabaja el exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, se ha hecho con la gestión del servicio de análisis clínicos en seis hospitales públicos madrileños y de todos los centros de salud y residencias de ancianos que dependen de ellos, ha informado esta mañana la cadena SER. Fue el propio Güemes, protagonista de uno de los casos más llamativos y sonados de traspaso de la política a la empresa privada, quien privatizó este servicio cuando fue titular de la cartera de Sanidad entre 2008 y 2010 en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Está claro que hay que acabar, como sea y rápido, con toda estas prácticas y las que los practican y como es tan generalizado, si muy generalizado, lo mejor es prescindir de todos ellos y ellas, aunque pagaran algunos justo (muy pocos) por pecadores.

La exigencia para un representate de los ciudadnos tiene que ser la más alta, no debería quedar ni la menor  duda al respecto. Me refiero a  las exigencia que imponen los valores básicos, Honestidad, Respeto y Responsabilidad. Nuestros políticos mayoritariamente y justificándose a cada dos por tres, carecen de toda honestidad, nos faltan al respeto continuamente tratándonos como a idiotas y, sin ninguna duda, son irresponsables porque se ven amparados por la justicia, para no pagar sus reponsabilidades, como debía ser.

Aquí se acuerda después de 14 que con algo más de 300.000 euros la cosa no pasa de un susto, se hace lo indecible para evitar que la policía investigue cualquier tema en el que un político esté implicado y hasta se presiona a algún que otro juez para que cierre casos en los que pudieran acabar condenados.

¿Falta algo más para exigir que se marchen? Al parecer si, porque incluso cuando sus acciones implican la perdida de vidas humanas, si hay dinero, poderosos o políticos por en medio... la vida no vale nada.